Abogados Bufet León i Balagueró

 

Como excepción al principio general que rige en materia de obligaciones y contratos según el cual los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, los que ponen su trabajo y materiales en una obra, disponen de una  acción directa contra el comitente o dueño de la misma hasta la cantidad que éste adeude al constructor. Ello no obstante, la acción directa se extiende únicamente a los contratos y subcontratos de obra que, total o parcialmente se hayan celebrado bajo la modalidad de “a tanto alzado”. 

 

 

Para responder a esta pregunta, cabe tener en cuenta que las personas físicas o jurídicas que intervengan en el proceso de la edificación responden frente los terceros adquirentes de los daños materiales ocasionados en el edificio dentro de unos plazos que varían en función de la naturaleza del daño, y ello sin perjuicio de las responsabilidades contractuales. En el caso que nos ocupa, al tratarse de daños en elementos estructurales que comprometen la resistencia mecánica y estabilidad del edificio, el plazo de garantía es de 10 años. En el presente caso, los daños han aparecido dentro de estos 10 años, y a partir de este momento se puede reclamar en el plazo de 2 años. En función de la opinión de los técnicos, reclamaremos al promotor, y a cualquier otro agente de al construcción que haya intervenido en la obra, y sea el causante del daño. Si no sabemos quien es el responsable, basta con demandar al promotor, o a si lo prefiere el abogado a todos los intervinientes. Debe saber que hay un seguro que cubre esta contingencia. 

La respuesta es afirmativa, siempre que concurran determinadas circunstancias. A saber: 1.- Necesidad de hacer obras. Esta circunstancia queda justificada por la existencia de diferencias entre el estado de la vivienda cuando fue arrendada y su situación en el momento en que la acción se ejercita. 2.- El deterioro de la vivienda ha de justificar la ejecución de unas obras cuyo coste supere el 50% del valor del piso en ese momento, sin tener en cuenta el valor del suelo. 3.- El coste de las obras debe referirse al piso alquilado, computándose la participación del mismo en los elementos comunes.

La obligación de prestar alimentos a favor de los hijos no finaliza cuando estos alcanzan la mayoría de edad, sino que permanece hasta que estos sean mayores de edad e independientes económicamente. A tal efecto, cabe puntualizar que para la consideración de que el hijo es independiente económicamente, no basta con que éste se haya incorporado al mercado laboral si dicha relación laboral es claramente intermitente y precaria, pues en dicha situación, no puede considerarse que la persona tiene capacidad para atender a su sostenimiento, habitación y prestación sanitaria.  Así pues, no puede dejarse de pasar la pensión al hijo mayor de edad por el simple hecho de que se haya incorporado al mercado laboral mediante un contrato temporal y precario. No obstante hay que decir, que si el hijo ya ha conseguido la independencia económica necesaria para no tener que pasarle pensión alguna, y sin embargo se le sigue pasando por el ocultismo de su situación laboral, podremos reclamar al progenitor con quien convive el hijo, para que devuelva las cantidades percibidas indebidamente.

 

Sin perjuicio de las diferentes acciones civiles que pudieran entablarse, hay que tener en cuenta que la ocupación sin autorización de un inmueble ajeno que no constituya morada puede constituir infracción penal.

La respuesta a esta pregunta, dependerá del tipo de arras que se hayan pactado en el contrato suscrito y como se haya redactado éste. Las arras pueden ser: penitenciales, confirmatorias o  penales, teniendo cada una de ellas una naturaleza jurídica diferente. Así,  dependiendo de las arras pactadas se permitirá el desistimiento del contrato al arbitrio de una de las partes, siendo concebidas las arras, en este caso, como multa o pena correlativa al derecho de desistir.

Los contratos que tienen por objeto una  intervención médica de carácter voluntario o estético participan, en gran medida, de la naturaleza de los arrendamientos de obra lo que significa la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado.  En caso de no haberse obtenido el citado resultado, se pueden reclamar los daños y perjuicios causados.

 

En el presente caso, podríamos estar ante un caso de Síndrome de Alienación Parental. El Síndrome de Alienación Parental es una alteración que surge principalmente durante las disputas entre los progenitores por la guardia y custodia de un menor y que consiste, principalmente en el rechazo por parte del niño hacia uno de los progenitores como consecuencia del adoctrinamiento ejercido por parte de uno de los padres y sin que dicho rechazo traiga causa en una  negligencia y/o abuso parental. En estos casos, lo más aconsejable es entablar un procedimiento judicial contra el progenitor alienador, y solicitar del Juzgado la guarda y custodia del menor, acreditando dicha alienación.

Toda vez que en el presente caso, nos encontramos ante una intervención que afecta al derecho a la intimidad, como norma general y con ciertas matizaciones, la realización de una analítica sobre las muestras de sangre extraídas para fines terapéuticos únicamente pueden adoptarse si media el consentimiento del afectado o autorización judicial motivada. Si no media el consentimiento del afectado ni resolución judicial, han de acreditarse razones de urgencia y necesidad que hagan imprescindible la intervención inmediata, debiéndose respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Ello no obstante, aun en caso de concurrir estas circunstancias excepcionales, es el órgano judicial quien debe autorizar la incorporación al proceso del resultado del análisis de sangre. Por tanto, esta prueba sería nula.

No. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2007 de 15 de marzo reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ya no es necesario que la persona interesada se someta a una intervención de reasignación de sexo.

 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes:

 

1º.- Que se haya diagnosticado disforia de género, lo que ha de acreditarse mediante informe de médico o de psicólogo clínico en el que se determine que existe una disonancia entre el sexo morfológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante, así como la persistencia de esta disonancia; y la ausencia de trastornos de la personalidad que pudieran influir, de manera determinante, en la existencia de dicha disonancia.

 

2º.-   Tratamiento médico durante, al menos, dos años para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica de reasignación genital.
 

Sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal de los menores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, serán responsables civiles los padres o guardadores de los menores, por los daños causados por éstos.

El propietario de una vivienda que no habita en ella, no es responsable de los daños causados por una maceta que cae del piso a la cabeza de un transeúnte. Quien deberá indemnizar  por  los daños causados, será el inquilino morador de la vivienda.

Sin perjuicio de la eventual responsabilidad en la que podrían haber incurrido los facultativos, el centro médico podría haber incurrido en responsabilidad si, analizando las circunstancias concretas que rodearon la intervención, hubo negligencia por parte de este centro concretada en una falta de coordinación asistencial y en la ausencia de medios para ofrecer soluciones alternativas ante la posibilidad de que se produjera un incidente anestésico.